Hasta donde sabemos, «SUS FAMILIARES INTEGRAN EL CONSEJO PERMANENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA, OCUPANDO UN LUGAR AL QUE DEBERÍAN RENUNCIAR», debido a que «no pueden estar de los dos lados del mostrador. Los jóvenes tienen que pagar por lo que hicieron ante la justicia, y sus familiares TAMBIÉN, porque no cabe duda y a las pruebas nos remitimos de que son parte del problema de la inseguridad», opinaron diferentes fuentes consultadas.
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