El Concejo Deliberante aprobó una resolución que expresa su profunda preocupación ante la subejecución de los fondos destinados al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), en un contexto marcado por numerosas obras viales que permanecen paralizadas o demoradas. La norma exige al Gobierno Nacional que haga efectiva la asignación específica de los recursos recaudados a través del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y de los seguros automotores.
El destino de los fondos y el impacto en la red vial
De acuerdo con lo señalado en el documento legislativo, parte de los recursos provenientes de dichos tributos ha sido retenida en la órbita del Ministerio de Economía con el objetivo declarado de alcanzar el equilibrio fiscal. Como consecuencia directa de esta priorización financiera, se han postergado obras indispensables de mantenimiento y mejora en la infraestructura vial, deteriorando las condiciones de circulación y elevando sustancialmente el riesgo de siniestros viales.
La gravedad de la situación se sustenta en los relevamientos efectuados por la Fundación Estrellas Amarillas, los cuales registraron un incremento sostenido de víctimas fatales en distintos corredores durante el corriente año. El caso de la Ruta Nacional N° 5 resulta particularmente alarmante: las estadísticas indican que, para el mes de julio, la cantidad de muertes ya había superado la totalidad de los decesos registrados durante todo el año anterior.
Antecedentes y articulación legislativa
La iniciativa parlamentaria consolidó su impulso político el pasado 19 de agosto, durante una reunión ampliada de la Comisión de Movilidad Urbana. En dicho encuentro, el Presidente del HCD, Federico Vanin, junto a los concejales y concejalas que integran el cuerpo, recibieron a la Presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, y a miembros de la organización.
En la mesa de trabajo se puso de relieve la vital labor de concientización, prevención y visibilización que la entidad lleva adelante, acompañando de cerca a los familiares de las víctimas y bregando por medidas efectivas que pongan freno a la siniestralidad en calles y rutas del país. La resolución enfatiza que garantizar caminos en condiciones óptimas no es solo una cuestión técnica, sino una responsabilidad ineludible del Estado orientada primordialmente a la preservación de la vida humana.