Fue abogado, economista, político y profesor universitario, quien luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón de la Presidencia de la Nación, con la Revolución Libertadora de 1955, inició su camino como Ministro de Agricultura y Ganadería en la provincia de Salta, entre los años 1956 y 1957; y todos lo conocían como “Joe”, por sus contactos con el extranjero.
Por: Osvaldo Cabral
Su nombre completo fue José Alfredo Martínez de Hoz, e inició su carrera a nivel nacional durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, entre los años 1955 y 1958; siendo también Ministro de Economía entre 1962 y 1963, durante el Gobierno de facto de José María Guido. Pero, como no hay dos sin tres, también estuvo a cargo de las cuentas durante el Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1981, con varios presidentes pasantes como: Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Bignone, todos ellos integrantes de las Fuerzas Armadas de Argentina.
Martínez de Hoz estuvo a cargo entre otras empresas de la Estancia Malal Hué, también de la aseguradora Buenos Aires Compañía de Seguros, y además de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad; del mismo modo que fue presidente de la petrolera Petrosur y también de la financiera Rosafin, habiendo trabado fluidas relaciones con los magnates americanos Rockefeller, lo que le permitió ser titular de la acería Acindar durante los años precedentes al golpe de Estado de 1976.
El orejudo “Joe” evidentemente tenía vínculos directos con la cúpula militar, la que utilizó a la empresa Acindar como laboratorio para las prácticas represivas. Por lo que este Ministro de Economía junto a otros miembros del Consejo Argentino Empresario le había solicitado a Videla que colaborara con la preservación del orden nacional, ya que la guerrilla impedía “la libertad de trabajo, la producción y la productividad”. Y tal es así que luego de varias entrevistas con los popes del Ejército, se diseñó un sistema de espionaje y vigilancia, coordinado por las fuerzas de seguridad y la inteligencia militar, con el fin de identificar y reprimir a los principales activistas sindicales.
Fue entonces que en el mes de mayo de ese año la dictadura militar operó y reprimió la huelga de los metalúrgicos en la planta de Acindar, en Villa Constitución, cuyos reclamos por condiciones laborales dignas y mejoras salariales fueron encabezadas por Alberto Piccinini, secretario de la Unión Obrera Metalúrgica, opositor de la línea blanda del sindicalista Lorenzo Miguel; en una medida de fuerza que duró 59 días, tras lo que Martínez de Hoz habiendo obtenido del Ministro de Interior Alberto Rocamora, una declaración de la ilegalidad de la huelga y el envío de las fuerzas de seguridad, fueron muchos los huelguistas que terminaron secuestrados y sometidos a simulacros de fusilamiento, además de otros que terminaron directamente asesinados.
Todo esto sucedió puertas adentro de la fábrica Acindar, donde se montó el primer centro clandestino de detención, en la antesala de lo que después fue el Operativo Independencia. En el contexto de lo que a posteriori Rodolfo Peregrino Fernández, entonces inspector de la Policía Federal Argentina, declaró ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos que: “Acindar pagaba a todo el personal policial, los jefes, suboficiales y la tropa, un plus extra en dinero (…) para convertirla en una especie de fortaleza militar con cercos de alambre de púas”. Siendo el reemplazo de José Alfredo Martínez de Hoz al frente de Acindar el general Alcides López Aufranc, que continuaría con las tareas represivas.
De esta manera, “Joe” posicionado como el hombre responsable de todos los números de la economía nacional, presentó su “Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina”, y en su discurso que fue aprobado por la Junta Militar de Gobierno, enunciaba: “Lograr el saneamiento monetario y financiero indispensable como base para la modernización y expansión del aparato productivo del país, en todos sus sectores, lo que garantiza un crecimiento no inflacionario de la economía. Acelerar la tasa de crecimiento económico. Alcanzar una razonable distribución del ingreso, preservando el nivel de los salarios en la medida adecuada a la productividad de la economía”.
Pero, muy a pesar de las supuestas intenciones de Martínez de Hoz, de acomodar el descalabro que había quedado de lo que fueran los gobiernos de: Héctor José Cámpora y Raúl Alberto Lastiri, ambos en 1973; de Juan Domingo Perón entre 1973 y 1974, e Isabelita Martínez de Perón del 1974 al 1976; “el orejudo” liberalizó la economía con 8 puntos de su programa: Liberó los precios, liberó al mercado cambiario, liberó las importaciones, hubo quita de retenciones a las exportaciones, liberó el precio de los alquileres, eliminó los subsidios y los planes sociales, liberó los salarios, y tomó una fuerte deuda con el FMI.
Todo esto no solo no fue beneficioso para la economía argentina, sino que incluso se provocó una drástica caída de la producción de la industria nacional, por lo que se ampliaron las diferencias de desigualdad social, inflación y pobreza. Por lo que las empresas locales quedaron contra las cuerdas, despidiendo al personal, achicando plantas con el objetivo de sobrevivir, o directamente bajando las persianas.
La más emblemática caída de la industria argentina fue el caso de la automotriz IME (Industrias Mecánicas del Estado), con su planta instalada en la provincia de Córdoba, con más de 3.000 trabajadores prestando servicios a pleno; la misma planta fabril había sobrevivido a múltiples golpes de Estado, y cuyos interventores cada vez que se presentaban en el lugar, con la misión de cerrarla definitivamente, terminaban enamorándose de ese espacio de trabajo, donde se producía al Rastrojero, el camión liviano de diseño y construcción nacional, donde se habían fabricado 144.000 unidades en 28 años.
Las directivas eran claras, había que cerrar la IME, una empresa estatal que daba superávit, y que comercializaba en más de 100 concesionarios a nivel nacional e internacional al Rastrojero en sus múltiples formatos, ya sea cabina simple, doble cabina, rural, furgón, ambulancia, colectivo, frontal, etc. Pero tal como mencionamos, los interventores al recorrer la planta terminaban entendiendo que el funcionamiento de esta fábrica era estratégico para nuestro país, por lo que volvían a la Casa Rosada y al Ministerio de Economía, argumentaban sus apreciaciones y lograban la continuidad de la producción. Entonces, llegó un momento que por acuerdo con las empresas multinacionales, con puño de hierro “Joe” terminó cerrándola por Decreto, en el mes de Julio de 1980, medida que terminó de perpetrarse en marzo de 1981.
Allí comenzó el derrotero de miles de trabajadores que quedaron en la calle, siendo parte con corazón y alma de lo que fuera la fabricación del mejor vehículo utilitario de las últimas décadas. Que fue dejado de producirse aunque tuviera el 78% del mercado, y fue bajado de un mazazo. Solo con las firmas del Poder Ejecutivo estampada en un indigno papel que rezaba, entre otros 11 artículos:
“PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
1980-07-23
EMPRESAS DEL ESTADO
LEY Nº 22.254
Dispónese la disolución y consiguiente liquidación de Industrias Mecánicas del Estado Sociedad Anónima (IME S.A.) y las medidas de orden laboral y previsional que enmarcarían su realización.
Buenos Aires, 16 de julio de 1980.
EN uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:
ARTICULO 1º – Disuélvese y declárase en estado de liquidación a Industrias Mecánicas del Estado, Sociedad Anónima (IME S.A.).
…
ARTICULO 12. – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firman: Jorge Rafael Videla, David R. H. de la Riva, José A. Martínez de Hoz, Llamil Reston y Jorge A. Fraga.
De esta manera el sueño de los argentinos, sobre el desarrollo continuo de un vehículo netamente nacional, de una industria automotriz pujante, era cortado de raíz. Más allá de los intentos posteriores de su reactivación, la que tuvo magros resultados en lo que fuera el armado fuera de fábrica de los LGP (Lo Giúdice y Pace); y posteriormente con un mejor proyecto industrial los Ranquel de la Massey Fergusson, pero estos vehículos no tuvieron la misma popularidad de los Rastrojeros, más allá de sus similitudes. Ya eran otros tiempos económicos, y la feroz competencia de las automotrices multinacionales los dejó fuera de mercado, por sus altos costos de producción, algo que había sido posible de alcanzar solo con el funcionamiento de la IME, tal como estaba instalada en Córdoba.
Ante todo lo expresado, quedó demostrada la excelente calidad de los vehículos nacionales, que siguen en marcha hoy en día, y por muchos años más. Gracias a la excelencia de la materia gris de los grandes ingenieros Raúl Gómez y Félix Sanguinetti, también gracias a la mano de obra nacional, y además al gasoil que sigue corriendo por nuestras venas.
Por ello, tal como mencionamos, la IME no murió, la mataron.
